viernes, 24 de agosto de 2012
domingo, 29 de abril de 2012
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La cerrazón de un dictador
Cada día que pasa, Bachar el Asad se hunde aún más
en el pozo de los siniestros dictadores arrancados de sus sillones por el odio
de su pueblo. La obsesión con que bombardea desde hace más de tres semanas una
ciudad de un millón de habitantes, Homs, le impide entender que se está ganando
a pulso el rechazo masivo de los sirios y no solo el de la subyugada mayoría
suní (70% de la población). El horror de la muerte de niños, ancianos, mujeres
y civiles inocentes según la ONU, las víctimas mortales en estos 11 meses
de conflicto ascienden a 7.500 antes o después comenzará a pasarle
factura entre los cristianos y la gobernante minoría alauí.
El Asad, como todos los tiranos, se queda solo,
aislado entre un estrecho círculo de figurantes que cantan y bailan para tapar
el ruido de los bombardeos y ocultar la sangre que corre por las calles sirias.
Ni siquiera ha tenido la dignidad de retirar los tanques y el Ejército de las
ciudades sitiadas para dar credibilidad al referéndum convocado el domingo
pasado para poner en marcha una reforma constitucional que abriría las puertas
del régimen. Nadie debe votar bajo la intimidación del continuo tableteo de las
ametralladoras; no hay urna que soporte la explosión del
norte
La obstinación en el uso de la fuerza conduce
inexorablemente a la barbarie y arroja por la rampa del genocidio a quien no
quiere ver la realidad de que los días de su poder están contados. Los tiempos
de su difunto padre, Hafez el Asad, en que bañó en sangre impunemente la ciudad
de Hama han pasado. Mientras el Gobierno contaba papeletas y presentaba
orgulloso a la comunidad internacional —que condena la masacre indiscriminada
de la población siria— unos resultados de apoyo cercanos al 90% de los votos,
la violencia se generalizaba por otras ciudades del norte del país y por los
barrios de las afueras de la capital. La respuesta fue inmediata. El lunes las
Fuerzas Armadas sirias sitiaban con tanques nuevas poblaciones y disparaban sus
cañones contra la díscola población civil.
Las sanciones de la Unión Europea, que intenta
asfixiar económicamente al régimen, no parecen haber hecho mella en las
autoridades, que han apostado por la resistencia mientras sepan que cuentan con
el sostén de dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas: China y Rusia. De ahí que, ante los oídos sordos de Damasco, la
comunidad internacional debe reforzar la comunicación con estos dos países. Es
necesario ganarse el apoyo de Pekín y Moscú para lograr una salida a la
dramática situación que vive Siria.
Los esfuerzos diplomáticos y las negociaciones
deberían tener como objetivo atraerse a esos dos países hacia una posición
común que permita poner fin a la matanza de inocentes y organizar con las
distintas fuerzas de la oposición siria el futuro del país. Evitar que Siria se
hunda en una guerra civil debe ser el principal desvelo de la comunidad
internacional. Mientras tanto, es urgente la puesta en marcha de pasillos
humanitarios que permitan la evacuación de heridos y la entrada de alimentos y
medicinas a la castigada población.
sábado, 28 de abril de 2012
Un tribunal brasileño rechaza juzgar un caso de crímenes de la dictadura
El tribunal
de Justicia del Estado brasileño de Pará, en la región amazónica, ha rechazado
la petición de la Fiscalía General del Estado para que sea procesado el oficial
de reserva Sebastião Curió Rodrigues Moura, uno de los militares acusado de crímenes cometidos durante la dictadura militar (1964-1985
Una ley constitucional refrendada
recientemente por el Supremo impide que puedan ser juzgados y condenados
crímenes cometidos durante la dictadura tras la amnistía firmada en su día por
los dos bandos de la contienda a cambio de que pudiera volver la democracia al
país.
El Congreso ha aprobado la creación de una Comisión de la Verdad con
la finalidad concreta de investigar los crímenes aún sin descubrir de aquellos
años de terror y de poder devolver los restos mortales de los desaparecidos a
sus familias.
La Comisión, que debe ser nombrada por la
presidenta Dilma Rousseff,acepta que no podrá ya ser condenado ninguno de
los considerados responsables por aquellas muertes. Con esa condición fue
aceptada también por los militares.
Parte importante de las investigaciones pendientes concierne a los
desaparecidos de la famosa y triste Guerrilla de Araguaia en la década de los
setenta. Ahora, la Fiscalía, por primera vez, ha pedido que sea procesado
Curió, un oficial aún vivo, sobre el que parece haber pruebas de que participó
en la masacre de Araguaia.
La petición de los fiscales del Estado ha sido rechazada por el
tribunal de Justicia de Pará, competente para llevar a cabo el proceso contra
el militar.
Todo ello reabre la polémica sobre la interpretación de la ley de
Amnistía y de la nueva Comisión de la Verdad. Según la Fiscalía, el presunto
crimen del oficial supone una “acción permanente”, es decir de un “crimen que
sigue existiendo”, en palabras de Tiago Rabelo, procurador general de la
República.
La misma ONU acababa de alabar a Brasil por su decisión de querer
juzgar crímenes de la dictadura aún no castigados ni del todo investigados,
algo que sería contra una ley ya aprobada y que hasta hoy el Gobierno mantuvo
firme.
En realidad, desde la llegada de Rousseff a la presidencia, por su
condición de exguerrillera, torturada y encarcelada por los militares durante
la dictadura ha vuelto a colocarse sobre el tapete un tema casi tabú que se
consideraba zanjado para siempre con la ley de amnistía.
Al mismo tiempo, siempre hubo denuncias tanto de instituciones de
defensa de derechos humanos tanto nacionales como internacionales al gobierno
por la interpretación estricta de la ley de amnistía considerando que Brasil ha
sido demasiado blanco en este campo.
Lo cierto es que la exguerrillera Rousseff, quizás para no
enfrentarse con los militares, se ha mantenido siempre fiel al principio de
respetar lo ya pactado y sancionado en la Constitución, sin querer abrir nuevas
heridas.
La polémica sin embargo está sobre la mesa y un grupo de militares
de reserva han publicado un documento de crítica sobre el tema, divulgado en
internet. La presidenta Rousseff pidió al ministro del Ejército, Celso Amorim,
que obligara a los militares a retirar el documento, al mismo tiempo que exigió
algún tipo de sanción contra los 98 que habían firmado el manifiesto. La
respuesta es que hoy las firmas llegan casi a 2.000 y entre ellas figuran más
de cien generales.
Todo ello revela que el tema de los crímenes cometidos durante la
dictadura aún no investigados ni juzgados, así como el contencioso entre los
militares y el gobierno, sigue en pie y no se cerrará ni fácil ni rápidamente.
miércoles, 25 de abril de 2012
Dictadores
sin impunidad
¿Cuál es el momento adecuado para
pedirle cuentas a un dictador por sus crímenes? La imagen de Slobodan Milosevic
o de Hosni Mubarak respondiendo a las preguntas de jueces a los que antes
despreciaron resulta reconfortante y ayuda sin duda a cerrar heridas del
pasado. Pero ¿qué pasa cuando el empeño por hacerles pagar las culpas a
dictadores o criminales de guerra dificulta una salida menos violenta o más
rápida?
El pasado domingo el autócrata yemení Ali Abdulá Saleh dejaba su
país, oficialmente para seguir un tratamiento médico en Estados Unidos,
amparado por una ley que le garantiza su inmunidad. Esta ley había sido
aprobada un día antes por el Parlamento, con el voto de fieles pero también de
algunos detractores, para dar salida a la crisis que hace un año que mantiene
al paupérrimo país hundido en una espiral de violencia y represión.
Representantes de Naciones Unidas y de organizaciones como Human Rights Watch
se apresuraron a condenar la impunidad obtenida por los responsables de la
sangrienta represión. Nada garantiza que Saleh no vuelva de nuevo, como hizo
tras su exilio saudí, ni que su partido no gane en 2014 las elecciones. El
tiempo dirá si el traspaso de poder será el primer paso de una transición que
cierre la crisis y lleve al país a la senda de la paz, la unidad y la
democracia, o si servirá para que los culpables se parapeten en sus posiciones
de poder y eludan rendir cuentas por su represión criminal.
Cuando un Estado tiene el grado de madurez institucional
suficiente para garantizar un juicio justo y ajeno a presiones políticas, debe
ser el propio país quien juzgue a los responsables de crímenes de Estado. A
partir de los juicios de Núremberg a los jerarcas nazis, la comunidad
internacional se ha ido dotando de instrumentos para castigar acciones que
superan esta capacidad del Estado. Desde 2002 está en marcha la Corte Penal
Internacional, que actualmente investiga crímenes en cinco Estados africanos.
También las justicias nacionales de otros Estados han tomado cartas en asuntos
que trascienden su ámbito territorial. El caso Pinochet es el más conocido en
esta radical transformación internacional, que debería acabar con la impunidad
para que ningún dictador, criminal de guerra o torturador pueda volver a dormir
tranquilo.
Sin embargo, la lucha contra la impunidad no puede hacerse a
cualquier coste, en particular allí donde intentan hacer justicia a las
víctimas puede complicar la solución de un conflicto todavía abierto. Algunos
casos recientes deberían hacernos reflexionar. Véase, por ejemplo, la ironía
que representa que la antigua ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, no
pudiese viajar a Londres como líder de una oposición relativamente moderada
durante dos años a causa de una orden de arresto de la justicia británica por
la actuación de Israel en Gaza, mientras Netanyahu y Lieberman defienden a sus
anchas sus postulados mucho más extremistas. O el caso del presidente Al Bashir
de Sudán, contra quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal
Internacional, pero con quien no cabe más que hablar de la evolución política
de Sudán y la resolución de los contenciosos pendientes en Darfur y la frontera
con Sudán del Sur; cada vez que Al Bashir participa en encuentros bilaterales y
multilaterales, a menudo, junto a jefes de Estados parte de la Corte, la
autoridad de esta queda debilitada. En Libia, la pronta emisión de una orden de
arresto para Muamar el Gadafi y su hijo Saif el Islam enterró toda posibilidad
de compromiso con el régimen y de solución pactada del conflicto. Ello convenía
al discurso belicoso alimentado por París, Londres y Doha con aquiescencia de
Washington, discurso que tildó cualquier apertura del régimen libio de mera
tomadura de pelo y fijó la derrota militar como única alternativa aceptable. El
violento final de Gadafi fue un mal augurio para el nacimiento de una
democracia libia.
Yemen se enfrentó el pasado fin de semana a la disyuntiva entre
avanzar a costa de prometer impunidad o continuar con el enfrentamiento. Su
Parlamento, que es parte interesada, apostó por renunciar a hacer justicia para
intentar salir de la larga crisis. Los demócratas yemeníes, ahora presos del
desaliento, no deberían ignorar las lecciones que ofrecen casos como el de Pinochet
en Chile, la Junta Militar en Argentina o los protagonistas del golpe militar
de 1980 en Turquía, en los que la justicia tardó décadas pero la inmunidad
acabó cediendo. La mejor receta contra la impunidad es que el país construya un
sistema político y jurídico con la solidez imprescindible para saldar sus
cuentas con quienes abusaron de él durante años mediante procesos con todas las
garantías, juicios que demuestren la solidez de la nueva democracia y
certifiquen así el fracaso final del dictador.
martes, 24 de abril de 2012
Abogados
brasileños piden la revisión de la Ley de Amnistía de la dictadura
La Orden de Abogados de
Brasil ha pedido a la Justicia una revisión de una Ley de Amnistía dictada en
1979, que benefició a opositores de la dictadura que gobernaba entonces y hasta
torturadores del régimen, informaron hoy fuentes oficiales
El pedido fue presentado ante el Tribunal Supremo
Federal, cuyos jueces ya se han manifestado pública y mayoritariamente en
contra de una posible revisión, que tampoco tiene el respaldo del Gobierno de
Luiz Inácio Lula da Silva.
El documento presentado a la corte por la Orden de
Abogados pide una "interpretación más clara" de la Ley de Amnistía,
sobre todo en relación a "los crímenes comunes practicados por agentes
públicos acusados de homicidio, desaparición forzosa, abuso de autoridad,
lesiones corporales, violaciones y violencia contra opositores".
El asunto causó a mediados de este año una fuerte
polémica, que surgió después de que el ministro de Justicia, Tarso Genro,
pidiera castigo para todos los torturadores de la dictadura (1964-1985)
beneficiados con la amnistía sancionada en 1979.
Según Genro, ni siquiera esa ley exculpó a los
responsables de crímenes como la tortura o la desaparición forzosa, que
"son delitos comunes y no políticos", apuntó.
El presidente del Supremo, Gilmar Mendes, le salió
al paso al ministro y se manifestó en contra de investigar y juzgar los casos
de tortura ocurridos durante el régimen militar.
Mendes, quien fue respaldado por la mayoría de los
magistrados, incluso advirtió de que una posible revisión de la Ley de Amnistía
sólo produciría "inestabilidad institucional" en el país.
La polémica causó malestar en sectores militares y
fue zanjada por el propio Lula, quien en septiembre pasado afirmó que "la
mejor venganza contra la dictadura" es "darle visibilidad" a sus
víctimas, en lugar de "hablar de quién practicó agresiones"
lunes, 23 de abril de 2012
*Memoria en carne viva de la dictadura:
Lleva media semana en A Coruña,
de la mano de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, de actos en
actos como homenajeada de honor del 81º aniversario de la República que vivió
en primera persona y le llevó a tres exilio. Hija del primer alcalde
republicano de Vilagarcía, Elpidio Villa verde, y viuda de un represaliado
activista de Sillada Ramón de Valenzuela, Mariví Villaverde es consciente, a
sus 89 años de edad, de ser “memoria viva” de un “tremendo” tiempo pasado que
necesita, afirma, ser rememorado para “no volver a eso nunca más”. “Los
pequeños pregoneros tenemos que seguir pregonando, y si puede servir de algo,
voy a seguir ayudando, luchando siempre”.
Pero no es el pasado el que le quiebra la voz y hace asomar las
lágrimas, es el presente. La “negra situación económica” de España, “al borde
del abismo, sin parecer tener solución”, “entregada sin futuro a una Ángela
Merkel que dirige el cotarro y nos obliga a terribles acciones como recortar en
enseñanza y sanidad”. Los adjetivos que Mariví dedica para recordar “la
durísima” dictadura franquista los emplea también para comentar, con voz
llorosa, las penurias de la crisis.
La serenidad con la que recuerda sus marchas forzadas a Francia y
Argentina, “las inaceptables” condiciones de encarcelamientos varios de su
marido, el “entusiasmo” del exilio gallego en Buenos Aires para mantener viva
culturalmente su tierra, su lengua se torna en “dolor” e indignación cuando
comenta “la inadmisible” tasa de parados “sin futuro” o “la insoportable”
sucesión “casas vacías y gente en la calle por no poder afrontar su hipoteca”.
Mariví Villaverde no pretende dar lecciones. No hay un ápice de
moralismo en sus relatos. Pero, para ella, “es muy importante recordar la
dureza de la Guerra Civil y la dictadura de Franco que tanto daño hizo a su
país hoy que todo también es tan terrible”. “Es necesario que la gente recupere
la esperanza, y para eso hay que saber lo que pasó, tenerlo presente para que
no se repita”.
Tenía 14 años cuando, tras el golpe de 1936, huyó con su familia y
papeles falsos a Marsella, en Francia. Allí conoció a su futuro marido,
detenido por los nazis alemanes al estallar la Segunda Guerra Mundial mientras
ella se exiliaba, por segunda vez, a Argentina. Cinco años después y una
tuberculosis que la mantuvo presa de los hospitales, decidió arriesgarse en
1944 a volver a Vilagarcía para casarse con su represaliado marido. “Había que
correr el riesgo e intentar iniciar una vida más o menos normal, aunque todo
era relativo con aquel régimen tremendo”. La pareja tuvo dos hijos pero pronto
se desvanecieron todas sus esperanzas de libertad al ver que los aliados, y
sobre todo los franceses “a los que tanto ayudaron republicanos españoles”, no
hicieron nada contra un “Franco que seguía ahogando al pueblo”. Y de nuevo
emigraron, otra vez a Argentina.
Allí, y durante 16 años, Mariví y su esposo fueron activos
participantes del exilio gallego capitaneado por Luís Seone, Arturo Cuadrado,
Blanco Amor, entre otros. “Hacíamos muchos actos, existía la posibilidad de
luchar por Galicia, su lengua, su cultura, sus valores”, dice. Trabajó codo con
Cuadrado en el mensual Galicia, una publicación
antifranquista que impulsaba también la creación de escuelas en su tierra
natal. Fue también actriz, con el Teatro Gallego de la Federación,
interpretando e incluso también traduciendo textos en su lengua vernácula. Y
fue fiel comercial de la cerámica de Sargadelos que Isaac Díaz Pardo trataba de
difundir a través de una fábrica en Magdalena. Mariví recuerda con emoción la
reunión en el Centro Gallego de Buenos Aires en la que el entonces joven
emprendedor lanzó su idea de abrir una sucursal en Argentina “para expandir la
producción gallega”. “Nos entusiasmó a todos, y nos asociamos con él para hacer
ese lugar que diera renombre a Galicia”.
De vuelta a España, en la década de los 60 e instalada en Madrid
“donde, dentro de la dificultad y la dictadura dura había menos vigilancia que
en Galicia”, Mariví siguió “luchando por Galicia” con los gallegos de la
capital. Y en eso sigue, activa del Consejo por la Memoria Histórica y todas
las batallas que surjan.
lunes, 9 de abril de 2012
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