Dictadores
sin impunidad
¿Cuál es el momento adecuado para
pedirle cuentas a un dictador por sus crímenes? La imagen de Slobodan Milosevic
o de Hosni Mubarak respondiendo a las preguntas de jueces a los que antes
despreciaron resulta reconfortante y ayuda sin duda a cerrar heridas del
pasado. Pero ¿qué pasa cuando el empeño por hacerles pagar las culpas a
dictadores o criminales de guerra dificulta una salida menos violenta o más
rápida?
El pasado domingo el autócrata yemení Ali Abdulá Saleh dejaba su
país, oficialmente para seguir un tratamiento médico en Estados Unidos,
amparado por una ley que le garantiza su inmunidad. Esta ley había sido
aprobada un día antes por el Parlamento, con el voto de fieles pero también de
algunos detractores, para dar salida a la crisis que hace un año que mantiene
al paupérrimo país hundido en una espiral de violencia y represión.
Representantes de Naciones Unidas y de organizaciones como Human Rights Watch
se apresuraron a condenar la impunidad obtenida por los responsables de la
sangrienta represión. Nada garantiza que Saleh no vuelva de nuevo, como hizo
tras su exilio saudí, ni que su partido no gane en 2014 las elecciones. El
tiempo dirá si el traspaso de poder será el primer paso de una transición que
cierre la crisis y lleve al país a la senda de la paz, la unidad y la
democracia, o si servirá para que los culpables se parapeten en sus posiciones
de poder y eludan rendir cuentas por su represión criminal.
Cuando un Estado tiene el grado de madurez institucional
suficiente para garantizar un juicio justo y ajeno a presiones políticas, debe
ser el propio país quien juzgue a los responsables de crímenes de Estado. A
partir de los juicios de Núremberg a los jerarcas nazis, la comunidad
internacional se ha ido dotando de instrumentos para castigar acciones que
superan esta capacidad del Estado. Desde 2002 está en marcha la Corte Penal
Internacional, que actualmente investiga crímenes en cinco Estados africanos.
También las justicias nacionales de otros Estados han tomado cartas en asuntos
que trascienden su ámbito territorial. El caso Pinochet es el más conocido en
esta radical transformación internacional, que debería acabar con la impunidad
para que ningún dictador, criminal de guerra o torturador pueda volver a dormir
tranquilo.
Sin embargo, la lucha contra la impunidad no puede hacerse a
cualquier coste, en particular allí donde intentan hacer justicia a las
víctimas puede complicar la solución de un conflicto todavía abierto. Algunos
casos recientes deberían hacernos reflexionar. Véase, por ejemplo, la ironía
que representa que la antigua ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, no
pudiese viajar a Londres como líder de una oposición relativamente moderada
durante dos años a causa de una orden de arresto de la justicia británica por
la actuación de Israel en Gaza, mientras Netanyahu y Lieberman defienden a sus
anchas sus postulados mucho más extremistas. O el caso del presidente Al Bashir
de Sudán, contra quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal
Internacional, pero con quien no cabe más que hablar de la evolución política
de Sudán y la resolución de los contenciosos pendientes en Darfur y la frontera
con Sudán del Sur; cada vez que Al Bashir participa en encuentros bilaterales y
multilaterales, a menudo, junto a jefes de Estados parte de la Corte, la
autoridad de esta queda debilitada. En Libia, la pronta emisión de una orden de
arresto para Muamar el Gadafi y su hijo Saif el Islam enterró toda posibilidad
de compromiso con el régimen y de solución pactada del conflicto. Ello convenía
al discurso belicoso alimentado por París, Londres y Doha con aquiescencia de
Washington, discurso que tildó cualquier apertura del régimen libio de mera
tomadura de pelo y fijó la derrota militar como única alternativa aceptable. El
violento final de Gadafi fue un mal augurio para el nacimiento de una
democracia libia.
Yemen se enfrentó el pasado fin de semana a la disyuntiva entre
avanzar a costa de prometer impunidad o continuar con el enfrentamiento. Su
Parlamento, que es parte interesada, apostó por renunciar a hacer justicia para
intentar salir de la larga crisis. Los demócratas yemeníes, ahora presos del
desaliento, no deberían ignorar las lecciones que ofrecen casos como el de Pinochet
en Chile, la Junta Militar en Argentina o los protagonistas del golpe militar
de 1980 en Turquía, en los que la justicia tardó décadas pero la inmunidad
acabó cediendo. La mejor receta contra la impunidad es que el país construya un
sistema político y jurídico con la solidez imprescindible para saldar sus
cuentas con quienes abusaron de él durante años mediante procesos con todas las
garantías, juicios que demuestren la solidez de la nueva democracia y
certifiquen así el fracaso final del dictador.
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