La cerrazón de un dictador

Cada día que pasa, Bachar el Asad se hunde aún más en el pozo de los siniestros dictadores arrancados de sus sillones por el odio de su pueblo. La obsesión con que bombardea desde hace más de tres semanas una ciudad de un millón de habitantes, Homs, le impide entender que se está ganando a pulso el rechazo masivo de los sirios y no solo el de la subyugada mayoría suní (70% de la población). El horror de la muerte de niños, ancianos, mujeres y civiles inocentes según la ONU, las víctimas mortales en estos 11 meses de conflicto ascienden a 7.500 antes o después comenzará a pasarle factura entre los cristianos y la gobernante minoría alauí.

El Asad, como todos los tiranos, se queda solo, aislado entre un estrecho círculo de figurantes que cantan y bailan para tapar el ruido de los bombardeos y ocultar la sangre que corre por las calles sirias. Ni siquiera ha tenido la dignidad de retirar los tanques y el Ejército de las ciudades sitiadas para dar credibilidad al referéndum convocado el domingo pasado para poner en marcha una reforma constitucional que abriría las puertas del régimen. Nadie debe votar bajo la intimidación del continuo tableteo de las ametralladoras; no hay urna que soporte la explosión del norte

La obstinación en el uso de la fuerza conduce inexorablemente a la barbarie y arroja por la rampa del genocidio a quien no quiere ver la realidad de que los días de su poder están contados. Los tiempos de su difunto padre, Hafez el Asad, en que bañó en sangre impunemente la ciudad de Hama han pasado. Mientras el Gobierno contaba papeletas y presentaba orgulloso a la comunidad internacional —que condena la masacre indiscriminada de la población siria— unos resultados de apoyo cercanos al 90% de los votos, la violencia se generalizaba por otras ciudades del norte del país y por los barrios de las afueras de la capital. La respuesta fue inmediata. El lunes las Fuerzas Armadas sirias sitiaban con tanques nuevas poblaciones y disparaban sus cañones contra la díscola población civil.

Las sanciones de la Unión Europea, que intenta asfixiar económicamente al régimen, no parecen haber hecho mella en las autoridades, que han apostado por la resistencia mientras sepan que cuentan con el sostén de dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: China y Rusia. De ahí que, ante los oídos sordos de Damasco, la comunidad internacional debe reforzar la comunicación con estos dos países. Es necesario ganarse el apoyo de Pekín y Moscú para lograr una salida a la dramática situación que vive Siria.

Los esfuerzos diplomáticos y las negociaciones deberían tener como objetivo atraerse a esos dos países hacia una posición común que permita poner fin a la matanza de inocentes y organizar con las distintas fuerzas de la oposición siria el futuro del país. Evitar que Siria se hunda en una guerra civil debe ser el principal desvelo de la comunidad internacional. Mientras tanto, es urgente la puesta en marcha de pasillos humanitarios que permitan la evacuación de heridos y la entrada de alimentos y medicinas a la castigada población.

Un tribunal brasileño rechaza juzgar un caso de crímenes de la dictadura

El tribunal de Justicia del Estado brasileño de Pará, en la región amazónica, ha rechazado la petición de la Fiscalía General del Estado para que sea procesado el oficial de reserva Sebastião Curió Rodrigues Moura, uno de los militares acusado de crímenes cometidos durante la dictadura militar (1964-1985

Una ley constitucional refrendada recientemente por el Supremo impide que puedan ser juzgados y condenados crímenes cometidos durante la dictadura tras la amnistía firmada en su día por los dos bandos de la contienda a cambio de que pudiera volver la democracia al país.

El Congreso ha aprobado la creación de una Comisión de la Verdad con la finalidad concreta de investigar los crímenes aún sin descubrir de aquellos años de terror y de poder devolver los restos mortales de los desaparecidos a sus familias.

La Comisión, que debe ser nombrada por la presidenta Dilma Rousseff,acepta que no podrá ya ser condenado ninguno de los considerados responsables por aquellas muertes. Con esa condición fue aceptada también por los militares.

Parte importante de las investigaciones pendientes concierne a los desaparecidos de la famosa y triste Guerrilla de Araguaia en la década de los setenta. Ahora, la Fiscalía, por primera vez, ha pedido que sea procesado Curió, un oficial aún vivo, sobre el que parece haber pruebas de que participó en la masacre de Araguaia.

La petición de los fiscales del Estado ha sido rechazada por el tribunal de Justicia de Pará, competente para llevar a cabo el proceso contra el militar.

Todo ello reabre la polémica sobre la interpretación de la ley de Amnistía y de la nueva Comisión de la Verdad. Según la Fiscalía, el presunto crimen del oficial supone una “acción permanente”, es decir de un “crimen que sigue existiendo”, en palabras de Tiago Rabelo, procurador general de la República.

La misma ONU acababa de alabar a Brasil por su decisión de querer juzgar crímenes de la dictadura aún no castigados ni del todo investigados, algo que sería contra una ley ya aprobada y que hasta hoy el Gobierno mantuvo firme.

En realidad, desde la llegada de Rousseff a la presidencia, por su condición de exguerrillera, torturada y encarcelada por los militares durante la dictadura ha vuelto a colocarse sobre el tapete un tema casi tabú que se consideraba zanjado para siempre con la ley de amnistía.

Al mismo tiempo, siempre hubo denuncias tanto de instituciones de defensa de derechos humanos tanto nacionales como internacionales al gobierno por la interpretación estricta de la ley de amnistía considerando que Brasil ha sido demasiado blanco en este campo.

Lo cierto es que la exguerrillera Rousseff, quizás para no enfrentarse con los militares, se ha mantenido siempre fiel al principio de respetar lo ya pactado y sancionado en la Constitución, sin querer abrir nuevas heridas.

La polémica sin embargo está sobre la mesa y un grupo de militares de reserva han publicado un documento de crítica sobre el tema, divulgado en internet. La presidenta Rousseff pidió al ministro del Ejército, Celso Amorim, que obligara a los militares a retirar el documento, al mismo tiempo que exigió algún tipo de sanción contra los 98 que habían firmado el manifiesto. La respuesta es que hoy las firmas llegan casi a 2.000 y entre ellas figuran más de cien generales.

Todo ello revela que el tema de los crímenes cometidos durante la dictadura aún no investigados ni juzgados, así como el contencioso entre los militares y el gobierno, sigue en pie y no se cerrará ni fácil ni rápidamente.

Dictadores sin impunidad

 ¿Cuál es el momento adecuado para pedirle cuentas a un dictador por sus crímenes? La imagen de Slobodan Milosevic o de Hosni Mubarak respondiendo a las preguntas de jueces a los que antes despreciaron resulta reconfortante y ayuda sin duda a cerrar heridas del pasado. Pero ¿qué pasa cuando el empeño por hacerles pagar las culpas a dictadores o criminales de guerra dificulta una salida menos violenta o más rápida?

El pasado domingo el autócrata yemení Ali Abdulá Saleh dejaba su país, oficialmente para seguir un tratamiento médico en Estados Unidos, amparado por una ley que le garantiza su inmunidad. Esta ley había sido aprobada un día antes por el Parlamento, con el voto de fieles pero también de algunos detractores, para dar salida a la crisis que hace un año que mantiene al paupérrimo país hundido en una espiral de violencia y represión. Representantes de Naciones Unidas y de organizaciones como Human Rights Watch se apresuraron a condenar la impunidad obtenida por los responsables de la sangrienta represión. Nada garantiza que Saleh no vuelva de nuevo, como hizo tras su exilio saudí, ni que su partido no gane en 2014 las elecciones. El tiempo dirá si el traspaso de poder será el primer paso de una transición que cierre la crisis y lleve al país a la senda de la paz, la unidad y la democracia, o si servirá para que los culpables se parapeten en sus posiciones de poder y eludan rendir cuentas por su represión criminal.

Cuando un Estado tiene el grado de madurez institucional suficiente para garantizar un juicio justo y ajeno a presiones políticas, debe ser el propio país quien juzgue a los responsables de crímenes de Estado. A partir de los juicios de Núremberg a los jerarcas nazis, la comunidad internacional se ha ido dotando de instrumentos para castigar acciones que superan esta capacidad del Estado. Desde 2002 está en marcha la Corte Penal Internacional, que actualmente investiga crímenes en cinco Estados africanos. También las justicias nacionales de otros Estados han tomado cartas en asuntos que trascienden su ámbito territorial. El caso Pinochet es el más conocido en esta radical transformación internacional, que debería acabar con la impunidad para que ningún dictador, criminal de guerra o torturador pueda volver a dormir tranquilo.

Sin embargo, la lucha contra la impunidad no puede hacerse a cualquier coste, en particular allí donde intentan hacer justicia a las víctimas puede complicar la solución de un conflicto todavía abierto. Algunos casos recientes deberían hacernos reflexionar. Véase, por ejemplo, la ironía que representa que la antigua ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, no pudiese viajar a Londres como líder de una oposición relativamente moderada durante dos años a causa de una orden de arresto de la justicia británica por la actuación de Israel en Gaza, mientras Netanyahu y Lieberman defienden a sus anchas sus postulados mucho más extremistas. O el caso del presidente Al Bashir de Sudán, contra quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, pero con quien no cabe más que hablar de la evolución política de Sudán y la resolución de los contenciosos pendientes en Darfur y la frontera con Sudán del Sur; cada vez que Al Bashir participa en encuentros bilaterales y multilaterales, a menudo, junto a jefes de Estados parte de la Corte, la autoridad de esta queda debilitada. En Libia, la pronta emisión de una orden de arresto para Muamar el Gadafi y su hijo Saif el Islam enterró toda posibilidad de compromiso con el régimen y de solución pactada del conflicto. Ello convenía al discurso belicoso alimentado por París, Londres y Doha con aquiescencia de Washington, discurso que tildó cualquier apertura del régimen libio de mera tomadura de pelo y fijó la derrota militar como única alternativa aceptable. El violento final de Gadafi fue un mal augurio para el nacimiento de una democracia libia.

Yemen se enfrentó el pasado fin de semana a la disyuntiva entre avanzar a costa de prometer impunidad o continuar con el enfrentamiento. Su Parlamento, que es parte interesada, apostó por renunciar a hacer justicia para intentar salir de la larga crisis. Los demócratas yemeníes, ahora presos del desaliento, no deberían ignorar las lecciones que ofrecen casos como el de Pinochet en Chile, la Junta Militar en Argentina o los protagonistas del golpe militar de 1980 en Turquía, en los que la justicia tardó décadas pero la inmunidad acabó cediendo. La mejor receta contra la impunidad es que el país construya un sistema político y jurídico con la solidez imprescindible para saldar sus cuentas con quienes abusaron de él durante años mediante procesos con todas las garantías, juicios que demuestren la solidez de la nueva democracia y certifiquen así el fracaso final del dictador.

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/24/actualidad/1327363356_586762.html

Abogados brasileños piden la revisión de la Ley de Amnistía de la dictadura

La Orden de Abogados de Brasil ha pedido a la Justicia una revisión de una Ley de Amnistía dictada en 1979, que benefició a opositores de la dictadura que gobernaba entonces y hasta torturadores del régimen, informaron hoy fuentes oficiales

El pedido fue presentado ante el Tribunal Supremo Federal, cuyos jueces ya se han manifestado pública y mayoritariamente en contra de una posible revisión, que tampoco tiene el respaldo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

El documento presentado a la corte por la Orden de Abogados pide una "interpretación más clara" de la Ley de Amnistía, sobre todo en relación a "los crímenes comunes practicados por agentes públicos acusados de homicidio, desaparición forzosa, abuso de autoridad, lesiones corporales, violaciones y violencia contra opositores".

El asunto causó a mediados de este año una fuerte polémica, que surgió después de que el ministro de Justicia, Tarso Genro, pidiera castigo para todos los torturadores de la dictadura (1964-1985) beneficiados con la amnistía sancionada en 1979.

Según Genro, ni siquiera esa ley exculpó a los responsables de crímenes como la tortura o la desaparición forzosa, que "son delitos comunes y no políticos", apuntó.

El presidente del Supremo, Gilmar Mendes, le salió al paso al ministro y se manifestó en contra de investigar y juzgar los casos de tortura ocurridos durante el régimen militar.

Mendes, quien fue respaldado por la mayoría de los magistrados, incluso advirtió de que una posible revisión de la Ley de Amnistía sólo produciría "inestabilidad institucional" en el país.

La polémica causó malestar en sectores militares y fue zanjada por el propio Lula, quien en septiembre pasado afirmó que "la mejor venganza contra la dictadura" es "darle visibilidad" a sus víctimas, en lugar de "hablar de quién practicó agresiones"

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*Memoria en carne viva de la dictadura:

 Lleva media semana en A Coruña, de la mano de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, de actos en actos como homenajeada de honor del 81º aniversario de la República que vivió en primera persona y le llevó a tres exilio. Hija del primer alcalde republicano de Vilagarcía, Elpidio Villa verde, y viuda de un represaliado activista de Sillada Ramón de Valenzuela, Mariví Villaverde es consciente, a sus 89 años de edad, de ser “memoria viva” de un “tremendo” tiempo pasado que necesita, afirma, ser rememorado para “no volver a eso nunca más”. “Los pequeños pregoneros tenemos que seguir pregonando, y si puede servir de algo, voy a seguir ayudando, luchando siempre”.

Pero no es el pasado el que le quiebra la voz y hace asomar las lágrimas, es el presente. La “negra situación económica” de España, “al borde del abismo, sin parecer tener solución”, “entregada sin futuro a una Ángela Merkel que dirige el cotarro y nos obliga a terribles acciones como recortar en enseñanza y sanidad”. Los adjetivos que Mariví dedica para recordar “la durísima” dictadura franquista los emplea también para comentar, con voz llorosa, las penurias de la crisis.

La serenidad con la que recuerda sus marchas forzadas a Francia y Argentina, “las inaceptables” condiciones de encarcelamientos varios de su marido, el “entusiasmo” del exilio gallego en Buenos Aires para mantener viva culturalmente su tierra, su lengua se torna en “dolor” e indignación cuando comenta “la inadmisible” tasa de parados “sin futuro” o “la insoportable” sucesión “casas vacías y gente en la calle por no poder afrontar su hipoteca”.

Mariví Villaverde no pretende dar lecciones. No hay un ápice de moralismo en sus relatos. Pero, para ella, “es muy importante recordar la dureza de la Guerra Civil y la dictadura de Franco que tanto daño hizo a su país hoy que todo también es tan terrible”. “Es necesario que la gente recupere la esperanza, y para eso hay que saber lo que pasó, tenerlo presente para que no se repita”.

Tenía 14 años cuando, tras el golpe de 1936, huyó con su familia y papeles falsos a Marsella, en Francia. Allí conoció a su futuro marido, detenido por los nazis alemanes al estallar la Segunda Guerra Mundial mientras ella se exiliaba, por segunda vez, a Argentina. Cinco años después y una tuberculosis que la mantuvo presa de los hospitales, decidió arriesgarse en 1944 a volver a Vilagarcía para casarse con su represaliado marido. “Había que correr el riesgo e intentar iniciar una vida más o menos normal, aunque todo era relativo con aquel régimen tremendo”. La pareja tuvo dos hijos pero pronto se desvanecieron todas sus esperanzas de libertad al ver que los aliados, y sobre todo los franceses “a los que tanto ayudaron republicanos españoles”, no hicieron nada contra un “Franco que seguía ahogando al pueblo”. Y de nuevo emigraron, otra vez a Argentina.

Allí, y durante 16 años, Mariví y su esposo fueron activos participantes del exilio gallego capitaneado por Luís Seone, Arturo Cuadrado, Blanco Amor, entre otros. “Hacíamos muchos actos, existía la posibilidad de luchar por Galicia, su lengua, su cultura, sus valores”, dice. Trabajó codo con Cuadrado en el mensual Galicia, una publicación antifranquista que impulsaba también la creación de escuelas en su tierra natal. Fue también actriz, con el Teatro Gallego de la Federación, interpretando e incluso también traduciendo textos en su lengua vernácula. Y fue fiel comercial de la cerámica de Sargadelos que Isaac Díaz Pardo trataba de difundir a través de una fábrica en Magdalena. Mariví recuerda con emoción la reunión en el Centro Gallego de Buenos Aires en la que el entonces joven emprendedor lanzó su idea de abrir una sucursal en Argentina “para expandir la producción gallega”. “Nos entusiasmó a todos, y nos asociamos con él para hacer ese lugar que diera renombre a Galicia”.

De vuelta a España, en la década de los 60 e instalada en Madrid “donde, dentro de la dificultad y la dictadura dura había menos vigilancia que en Galicia”, Mariví siguió “luchando por Galicia” con los gallegos de la capital. Y en eso sigue, activa del Consejo por la Memoria Histórica y todas las batallas que surjan.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/14/galicia/1334423692_927266.html 

DICTADURAS

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